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Declaración Greenpeace sobre estado de excepción

La ONG alertó respecto de lo poco ambicioso del plan de descarbonización anunciado por el gobierno y que, en la práctica, tendrá a Chile, al momento que se inaugure la próxima COP25 en Santiago, con los mayores niveles de uso de carbón en la historia del país.

Respecto a la situación de estado de excepción en distintas regiones del país, condenamos categóricamente la violencia de la que hemos sido testigos en los últimos días y reivindicamos el derecho a la protesta pacífica, el respeto por los derechos humanos, y las garantías mínimas para asegurar la protección de la vida.

Es necesario restablecer el Estado de Derecho pleno y abrir los canales de diálogo formales que, junto con la participación de toda la clase dirigente y de la sociedad civil, permitan disuadir cualquier acción violenta, además de viabilizar y resolver los reclamos de modo apropiado.

La crisis actual se basa en la falta de respuestas y espacios democráticos para un tratamiento adecuado de las múltiples demandas sociales, entre las cuales la agenda ambiental tiene un rol clave. Por ello, es necesario que el Estado de Derecho funcione de manera plena, y es lo que Chile debe recuperar de modo inmediato, pues para avanzar en la construcción y fortalecimiento de la paz y de la protección de la vida en el planeta, es indispensable que la sociedad civil se despliegue en libertad y de modo pacífico.

Todos los Estados democráticos tienen la obligación de generar un contexto propicio para el ejercicio pacífico de las libertades fundamentales de expresión, protesta y desobediencia civil, sin que exista una respuesta violenta por parte del Estado.

La decisión del actual gobierno no sólo no ha logrado otorgar mayor seguridad y resguardo a los derechos fundamentales de las personas, sino que ha generado un clima que propicia la radicalización y la violencia.

A menos de dos meses de uno de los principales encuentros internacionales en materia ambiental, la Conferencia de las Partes de la Cumbre del Clima COP25 y en un contexto de emergencia climática global y local, Greenpeace considera que proteger la libertad, la paz social, la equidad y la empatía como medios para el cambio social, resulta una responsabilidad ineludible del Estado y de sus instituciones, a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos.

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