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Cacería ciclista

Ariela Muñoz Soto
Colectivo Muévete

El lunes 12 de noviembre de 2018, en el primer día hábil de la nueva Ley de Convivencia Vial (LCV) -a seis meses de su publicación en el Diario Oficial y luego de una larga tramitación en el Congreso- Carabineros controlaba a ciclistas en las ciclovías.

La nueva ley traía respeto al ciclista, respeto al peatón y limitaciones al motorizado para que lo anterior ocurriera, pero la fiscalización nos dio a entender todo lo contrario: ese día comenzó una cacería de ciclistas que duró algo más de dos intensas semanas. Vimos multas por no usar casco, o no usar chaleco reflectante (incluso a plena luz del día). Vimos a los uniformados en las ciclovías y no en las calzadas.

Parecía que el Ministerio de Transporte lanzaba con bombos y platillos esta nueva legislación para regular la convivencia entre modos de movilidad urbana, pero resultó ser un fracaso en su puesta en marcha.

Esta ley es de las pocas que se tramitan junto a la ciudadanía. Nació de ahí. No fue “un negocio de las municipalidades” para cursar multas. Tuvo que ver con el legítimo deseo de ciudadanos que no querían morir atropellados en la vía pública. Ambicioso anhelo de estos tiempos violentos.

Frente a las cifras de movilidad, resulta increíble que la industria automotriz siga dando números azules y nubes negras a la salud humana. Las ciudades se están saturando, respiramos gases tóxicos y escuchamos bocinas a diario, las personas están muriendo por los mal llamados “accidentes de tránsito”… ¿Y no íbamos a hacer nada para frenarlo?

Se batalló la rebaja de velocidad máxima, una de las medidas más importantes de la LCV. Los honorables congresistas (incluso los “pro-vida”) se excusaron en cifras inventadas y pobres argumentos para votar en contra de la medida que salvaría cientos de vidas al año, pero no lo consiguieron. Ganamos. Todos.

Se logró la estandarización de la infraestructura, una distancia mínima de adelantamiento para ciclos y excepciones para que los más vulnerables pudiesen circular en bicicleta por la vereda, entre otros.

No obstante, todo terminó limitándose a cascos y chalecos reflectantes. Dos elementos que nunca estuvieron en la nueva ley, pero que -de la noche a la mañana- comenzaron a fiscalizarse. Para que quede claro, el casco forma parte del Art. 80 de la Ley de Tránsito (N° 20.068, publicada en 2005), mientras que el chaleco reflectante forma parte del Decreto 116, publicado en 1988. Sí, 1988 y es -para desgracia de algunos- totalmente válido.

En seis meses -desde la publicación hasta la puesta en marcha de la LCV- poco hizo el Gobierno para educar. Carabineros prefirió cursar multas a ciclistas sin casco, pero no a automovilistas a exceso de velocidad (que podrían matar a ciclistas con casco). Y a su vez, la mayoría de los medios de comunicación focalizaron sus titulares en incrementar la mala fama de la ley.

En todo ese tiempo, los activistas hicimos más por la ciudad. Y lo hicimos gratis.

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