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La asociación virtuosa entre el Estado, Centros de investigación y de pensamientos (think-tanks)

Laura Farías | Doctora en Oceanografía Universidad de Concepción | Integrante del Comité Científico COP25 | Investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)

Quién no ha soñado alguna vez en políticas públicas diseñadas y basadas en evidencias científicas, al menos para los casos de políticas medioambientales, que tiene la necesidad de resguardar el bien público, como el aire y el océano.

Algunos ejemplos que se me vienen a la mente son la normativa de emisión de material particulado fino o PM 2.5 (Ley N°19.300), que regula y vigila la calidad del aire y el cuidado para la salud pública de los habitantes; o la más reciente, la normativa que prohíbe la entrega de bolsas plásticas por parte del comercio en todo el territorio nacional (Ley N° 21.100), que frena la contaminación de las costas y las graves consecuencias para la fauna marina.

Estas dos leyes tienen un denominador común, lo global del problema (atmósfera y océano sin fronteras) y la actuación tardía, es decir cuando el problema ya estaba instalado. En la misma línea, el mejor de los ejemplos para estas dos situaciones es el cambio climático: un problema medioambiental que afecta al planeta en su totalidad y al que ningún país está exento de consecuencias, teniendo distintas expresiones o efectos regionales.

Al respecto Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, tal como lo indican los estudios realizados a nivel internacional y nacional, y sus efectos ya se están haciendo notar en el territorio nacional.

En diciembre del 2019, Chile será el anfitrión de cumbre del clima más importante del planeta, denominada conferencia de las partes en su vigésimo quinta versión o COP25. Esta es llevada a cabo por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio climático (CMNUCC).

El Gobierno de Chile creó recientemente (abril 2019), el comité científico de la COP25, designado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para coordinar y articular con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los aportes de la comunidad científica a este encuentro global.

El apoyo del comité consiste en hacer un “llamado a la evidencia” con todos los investigadores inscritos en las mesas de trabajo transversales (adaptación y mitigación) y sectoriales (océanos, agua, bosque y biodiversidad, antártica y criosfera y ciudades), con el objetivo de entregar insumos y otros aportes de evidencia científica elaborada en Chile y/o sobre Chile.

Entre otros, Medio Ambiente contempla evaluar la actualización del escenario BAU (bussiness as usual) de emisiones netas de gases de efecto invernadero, la simulación de escenarios sectoriales, medidas específicas de mitigación como las capturas del sector forestal, los escenarios de Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) y el escenario carbono neutral para el año 2050 según la evidencia científica presentada en el Informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1.5°C (SR1.5) de 2018.

Dentro de las acciones a las que las mesas de trabajos están llamadas a contribuir son:

  • La revisión de la Ley Marco de Cambio Climático (prevista para julio-agosto 2019)
  • La revisión del Plan de Adaptación al Cambio Climático para diversas áreas sectoriales, como pesca y acuicultura de 2020
  • La elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático para bordes costeros (en carpeta)La actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs por sus siglas en inglés), prevista para el año 2020 para todos los países signatarios del Acuerdo de París y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
  • Los insumos serán un aporte esencial a la COP25. Entonces, la asociación entre el comité científico de la COP25 y el Gobierno de Chile representa una nueva forma de hacer comunidad y se podría constituir como el punto de partida del desarrollo de la política basada en la evidencia (PBE) y podría gestarse una asociación virtuosa entre el Estado, centros de investigación y centros de pensamientos (think-tanks).

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